Mapuches: entre el conflicto y la institucionalidad

José Bengoa*

Muchos dejan sentir que en el conflicto mapuche no hay nada ya que hacer. Sin embargo, una mirada más profunda ve que todavía hay espacio para mejorar las relaciones de los mapuches con el Estado chileno y con la sociedad, abriendo canales institucionales que permitan el diálogo y la participación de este pueblo indígena.

Las cuestiones indígenas, así como las relativas a las relaciones entre mayorías y minorías en una sociedad tienen un tiempo largo, uno mediano y uno corto. Es el caso de la cuestión mapuche. El tiempo largo dice relación a una compleja trama histórica de conquistas, oprobios, resistencias, en las que hay multitud de interpretaciones. Son asuntos muy difíciles de resolver. Son materias de crítica histórica, de debate. Hay naciones que, como Nueva Zelandia, han procedido a pedir perdones oficiales. Quizá es parte de un modo protestante de actuar. En Chile los “gestos” no siempre van acompañados de políticas y consecuencias específicas. Esta “historia larga” será materia de debate y así ocurrirá por mucho tiempo y es bueno que así sea.
Pero hay un mediano y corto plazo en que, si bien se juntan elementos de la “Historia profunda”, hay margen de maniobra para encontrar espacios políticos y mejorar los niveles de convivencia entre el Estado, la sociedad, los habitantes no indígenas de las zonas indígenas y las comunidades. El peso de la historia debe ser acotado de modo tal de no confundir los planos y llegar a la absoluta inacción.
Criticamos cierto pensamiento que se ha instalado en los últimos años y que señala que “este es un asunto de tan larga data que no tiene solución; los chilenos deberemos convivir por largo tiempo con este conflicto”. Este pensamiento se ha difundido entre autoridades, y también entre algunos líderes indígenas. En un estudio reciente vimos que los técnicos encargados del “desarrollo rural indígena” están imbuidos de este pesimismo: “no hay nada que hacer”. No cabe duda de que la “cuestión mapuche” es un asunto complejo, pero eso no implica que no existan alternativas y posibles caminos de mejorar las condiciones de vida y las relaciones de los mapuches con la sociedad y el Estado. La primera cuestión es tomar en serio la existencia de un sector social, en este caso, el pueblo mapuche.

De la Comisión de Verdad Histórica a los juicios por terrorismo

Esta mirada relativamente escéptica conspiró por ejemplo, contra el Informe de la Comisión sobre Verdad Histórica y Nuevo Trato presidida por el ex presidente Aylwin. Fue atacado por todos los lados. La derecha dijo que era un “gasto de papeles” y los indígenas radicales se dieron un festín criticando esa Comisión. El presidente Lagos quedó sin piso para adoptar el Informe o pronunciarse sobre él. Fue lamentablemente un gran fracaso, a pesar de la calidad, mesura y visión del estudio.
La ausencia de un marco de acción regulatorio ha marcado los últimos años de relaciones entre el Estado y los mapuches. El fracaso de una mirada estratégica ha conducido a acciones puntuales y parciales y a veces contradictorias. La reforma de la Constitución y el Convenio 169 no se aprobaron en las Cámaras ya que nadie sabe muy bien qué consecuencias tendrán en la vida práctica. No están en un contexto de un plan mayor de reestablecimiento de relaciones entre el Estado y los indígenas. Algunos senadores han propuesto redacciones “curiosas” que no tienen nada que ver con los estándares internacionales y que no poseerían valor jurídico alguno.
Las movilizaciones del movimiento mapuche fueron, por tanto, asumidas por el Estado desde una perspectiva exclusivamente jurídico policial. El conflicto del sur se “judicializó” que es lo que ocurre cuando no existe un marco político para comprender y procesar este tipo de movimientos de carácter identitario profundo. Judicializar un conflicto étnico es siempre un error y tiene como consecuencias meterse en un zapato chino. Hoy día un grupo de parlamentarios trata de lograr un nuevo Proyecto de Ley para otorgar una “excepción particularísima” a los presos mapuches, con lo que se trata de mostrar que hay que volver hacia atrás la cuerda y reconocer que hubo un error en el tratamiento “terrorista” que se les dio a esos líderes a los que hoy día se beneficiará.
Junto a ello el Estado ha entregado una cantidad muy importante de recursos y dinero en el denominado Programa Orígenes. Se trata de un programa de desarrollo comunitario por la suma de 120 millones de dólares, aprobado por el BID. Va en este momento en la mitad. Ha habido cosas buenas, sobre todo en materias de salud y educación intercultural. Ha habido también enormes desastres en materia de desarrollo agroproductivo. En algunos casos es una vergüenza. Se compraron muchas vacas, miles de vacas, y la mayoría o han sido vendidas en el mejor de los casos, o se han muerto. Alguien podría pensar maliciosamente que se aplicó la política del “garrote y la zanahoria”, represión a los dirigentes y dádivas a las comunidades.
Lo que sí queda claro al observador es que los juicios por terrorismo llevaron a un punto insoportable las relaciones entre las sociedades indígenas y el Estado y la sociedad no indígena local. Por ese camino no hay salida y solamente habrá conflicto. Un conflicto que nadie quiere y que no se sabe dónde terminaría.

La institucionalización del conflicto

En los últimos años se observan dos tendencias en la “cuestión mapuche”. Por una parte la tendencia que ve en el “conflicto abierto” la única solución. Ha sido la tendencia de algunos dirigentes indígenas y también de algunos dirigentes del Estado y de la sociedad no indígena del sur. Los medios de comunicación, sin pensar en las consecuencias ni en lo que ello significa, atizaron muchas veces el fuego, creando estereotipos. Hay también una tendencia a la institucionalización. El elemento de mayor importancia lo constituyen las municipalidades dirigidas por alcaldes indígenas y cuya mayoría de “concejales” también lo es. Quizá el elemento práctico más importante que recogió el presidente Lagos del Informe Aylwin fue la creación de dos municipios indígenas: creó el de Alto Bío Bío y Cholchol. En este momento se agrega a Tirúa, Lumaco, Puerto Saavedra, Temuco, Curarrehue y otras comunas del sur. Hay una generación de jóvenes profesionales mapuches que se han posesionado y que gestionan sus propios asuntos.
Hay procesos de instalación de la cultura mapuche en áreas como salud y educación, que eran impensables hasta hace unos años. Se construye en Nueva Imperial un hospital con “las dos medicinas”: la occidental, de los médicos formados en las universidades, y la de las machis, la medicina tradicional mapuche. Lo mismo ocurre con las escuelas donde hay profesores mapuches y “sabios” indígenas que enseñan a los niños su cultura.
En los últimos meses hay muchos procesos de cambio en las ideas que circulan en el sur de Chile. Hay jóvenes líderes mapuches que quisieran construir un partido político mapuche, lo que sin duda es contribuir a la institucionalización del conflicto. El marco de la reforma del sistema binominal es una oportunidad que debería aprovecharse. Hay procesos de entrega de fondos a las propias comunidades y organizaciones, y búsqueda de alternativas de gestión por parte de los programas de gobierno dedicados al desarrollo. Hay declaraciones auspiciosas de diálogo, demandas por participación, etc... Todo ello se puede frustrar fácilmente si vencen las tendencias hacia el “conflicto abierto”, la represión, judicialización y penalización del movimiento indígena. En la sociedad no indígena del sur, empresarios agrícolas, abogados y también miembros del Poder Judicial (y no pocas veces del Ejecutivo), pueden impedir un proceso virtuoso de reconocimiento e institucionalización. Puede vencer la tendencia a destruir el movimiento, no darle espacios democráticos de acción, tratar de reponer una situación de colonialismo extemporánea en una sociedad moderna o que quiere serlo. Puede vencer también la idea de que lo único que importa son las “cosas concretas”, cuando en este caso los aspectos relacionados con “el otro”, esto es, el respeto, la no discriminación, etc., son los más importantes y concretos. Puede ganar la idea de “que no hay nada que hacer”, como se dijo más arriba. Finalmente, los miedos y amenazas pueden imponerse de tal modo que las autoridades quieran liquidar el movimiento y no abrir espacios reales de participación y diálogo respetuoso.

Una perspectiva de diálogo y participación

Son muchos los líderes indígenas con quienes hemos conversado en estos días que consideran que “la ley que regula la situación de los presos mapuches acusados de delitos terroristas” debería ser entendida como un hito simbólico y práctico de un cambio en las relaciones entre el Estado, la sociedad y los mapuches. Los indígenas, cuestión evidente, tienen el derecho a plantear todo tipo de reivindicaciones, propuestas autonómicas, gestión de recursos y otras, con plena libertad. Las autoridades tendrían la obligación de escucharlas, tomarlas seriamente en cuenta y buscar justamente niveles de entendimiento y diálogo efectivo. Tomar en consideración y en serio al interlocutor, con toda su carga de oprobios y quejas, es la condición sine qua non de este proceso. Aún no se lo logra.
Una perspectiva de esta naturaleza debería conducir a políticas públicas muy diferentes a las que hoy ocurren. Por ejemplo, a los alcaldes y municipios mapuches se los debería reforzar sabiendo que allí existe una posibilidad real de autogestión de los recursos y un principio de ruptura del “colonialismo interno”. Considerar la participación de las entidades territoriales mapuches es otro aspecto sin duda de la mayor importancia. Asumir la existencia de autoridades políticas indígenas, de liderazgos, de que existe un movimiento social y que hay que tratarlo políticamente y no juzgarlo de antemano, estigmatizarlo y victimizarlo, son algunas de las posibilidades. En una reunión reciente en Ercilla, los líderes, algunos de ellos de las corrientes más radicales, presentaron un programa muy bien elaborado. El gobernador de Malleco no asistió, diciendo que tenía otros compromisos. Si las autoridades, desde la Presidenta de la República hacia abajo asumen una perspectiva de diálogo y real participación, se pueden abrir canales institucionales de enorme valor creativo. No cabe duda de que en el sur de Chile se debate el futuro, o el conflicto abierto permanente o formas institucionales de procesar las demandas en democracia.