Saturday, September 23, 2006
Tuesday, September 19, 2006
Mapuches: entre el conflicto y la institucionalidad
José Bengoa*
Muchos dejan sentir que en el conflicto mapuche no hay nada ya que hacer. Sin embargo, una mirada más profunda ve que todavía hay espacio para mejorar las relaciones de los mapuches con el Estado chileno y con la sociedad, abriendo canales institucionales que permitan el diálogo y la participación de este pueblo indígena.
Las cuestiones indígenas, así como las relativas a las relaciones entre mayorías y minorías en una sociedad tienen un tiempo largo, uno mediano y uno corto. Es el caso de la cuestión mapuche. El tiempo largo dice relación a una compleja trama histórica de conquistas, oprobios, resistencias, en las que hay multitud de interpretaciones. Son asuntos muy difíciles de resolver. Son materias de crítica histórica, de debate. Hay naciones que, como Nueva Zelandia, han procedido a pedir perdones oficiales. Quizá es parte de un modo protestante de actuar. En Chile los “gestos” no siempre van acompañados de políticas y consecuencias específicas. Esta “historia larga” será materia de debate y así ocurrirá por mucho tiempo y es bueno que así sea.
Pero hay un mediano y corto plazo en que, si bien se juntan elementos de la “Historia profunda”, hay margen de maniobra para encontrar espacios políticos y mejorar los niveles de convivencia entre el Estado, la sociedad, los habitantes no indígenas de las zonas indígenas y las comunidades. El peso de la historia debe ser acotado de modo tal de no confundir los planos y llegar a la absoluta inacción.
Criticamos cierto pensamiento que se ha instalado en los últimos años y que señala que “este es un asunto de tan larga data que no tiene solución; los chilenos deberemos convivir por largo tiempo con este conflicto”. Este pensamiento se ha difundido entre autoridades, y también entre algunos líderes indígenas. En un estudio reciente vimos que los técnicos encargados del “desarrollo rural indígena” están imbuidos de este pesimismo: “no hay nada que hacer”. No cabe duda de que la “cuestión mapuche” es un asunto complejo, pero eso no implica que no existan alternativas y posibles caminos de mejorar las condiciones de vida y las relaciones de los mapuches con la sociedad y el Estado. La primera cuestión es tomar en serio la existencia de un sector social, en este caso, el pueblo mapuche.
De la Comisión de Verdad Histórica a los juicios por terrorismo
Esta mirada relativamente escéptica conspiró por ejemplo, contra el Informe de la Comisión sobre Verdad Histórica y Nuevo Trato presidida por el ex presidente Aylwin. Fue atacado por todos los lados. La derecha dijo que era un “gasto de papeles” y los indígenas radicales se dieron un festín criticando esa Comisión. El presidente Lagos quedó sin piso para adoptar el Informe o pronunciarse sobre él. Fue lamentablemente un gran fracaso, a pesar de la calidad, mesura y visión del estudio.
La ausencia de un marco de acción regulatorio ha marcado los últimos años de relaciones entre el Estado y los mapuches. El fracaso de una mirada estratégica ha conducido a acciones puntuales y parciales y a veces contradictorias. La reforma de la Constitución y el Convenio 169 no se aprobaron en las Cámaras ya que nadie sabe muy bien qué consecuencias tendrán en la vida práctica. No están en un contexto de un plan mayor de reestablecimiento de relaciones entre el Estado y los indígenas. Algunos senadores han propuesto redacciones “curiosas” que no tienen nada que ver con los estándares internacionales y que no poseerían valor jurídico alguno.
Las movilizaciones del movimiento mapuche fueron, por tanto, asumidas por el Estado desde una perspectiva exclusivamente jurídico policial. El conflicto del sur se “judicializó” que es lo que ocurre cuando no existe un marco político para comprender y procesar este tipo de movimientos de carácter identitario profundo. Judicializar un conflicto étnico es siempre un error y tiene como consecuencias meterse en un zapato chino. Hoy día un grupo de parlamentarios trata de lograr un nuevo Proyecto de Ley para otorgar una “excepción particularísima” a los presos mapuches, con lo que se trata de mostrar que hay que volver hacia atrás la cuerda y reconocer que hubo un error en el tratamiento “terrorista” que se les dio a esos líderes a los que hoy día se beneficiará.
Junto a ello el Estado ha entregado una cantidad muy importante de recursos y dinero en el denominado Programa Orígenes. Se trata de un programa de desarrollo comunitario por la suma de 120 millones de dólares, aprobado por el BID. Va en este momento en la mitad. Ha habido cosas buenas, sobre todo en materias de salud y educación intercultural. Ha habido también enormes desastres en materia de desarrollo agroproductivo. En algunos casos es una vergüenza. Se compraron muchas vacas, miles de vacas, y la mayoría o han sido vendidas en el mejor de los casos, o se han muerto. Alguien podría pensar maliciosamente que se aplicó la política del “garrote y la zanahoria”, represión a los dirigentes y dádivas a las comunidades.
Lo que sí queda claro al observador es que los juicios por terrorismo llevaron a un punto insoportable las relaciones entre las sociedades indígenas y el Estado y la sociedad no indígena local. Por ese camino no hay salida y solamente habrá conflicto. Un conflicto que nadie quiere y que no se sabe dónde terminaría.
La institucionalización del conflicto
En los últimos años se observan dos tendencias en la “cuestión mapuche”. Por una parte la tendencia que ve en el “conflicto abierto” la única solución. Ha sido la tendencia de algunos dirigentes indígenas y también de algunos dirigentes del Estado y de la sociedad no indígena del sur. Los medios de comunicación, sin pensar en las consecuencias ni en lo que ello significa, atizaron muchas veces el fuego, creando estereotipos. Hay también una tendencia a la institucionalización. El elemento de mayor importancia lo constituyen las municipalidades dirigidas por alcaldes indígenas y cuya mayoría de “concejales” también lo es. Quizá el elemento práctico más importante que recogió el presidente Lagos del Informe Aylwin fue la creación de dos municipios indígenas: creó el de Alto Bío Bío y Cholchol. En este momento se agrega a Tirúa, Lumaco, Puerto Saavedra, Temuco, Curarrehue y otras comunas del sur. Hay una generación de jóvenes profesionales mapuches que se han posesionado y que gestionan sus propios asuntos.
Hay procesos de instalación de la cultura mapuche en áreas como salud y educación, que eran impensables hasta hace unos años. Se construye en Nueva Imperial un hospital con “las dos medicinas”: la occidental, de los médicos formados en las universidades, y la de las machis, la medicina tradicional mapuche. Lo mismo ocurre con las escuelas donde hay profesores mapuches y “sabios” indígenas que enseñan a los niños su cultura.
En los últimos meses hay muchos procesos de cambio en las ideas que circulan en el sur de Chile. Hay jóvenes líderes mapuches que quisieran construir un partido político mapuche, lo que sin duda es contribuir a la institucionalización del conflicto. El marco de la reforma del sistema binominal es una oportunidad que debería aprovecharse. Hay procesos de entrega de fondos a las propias comunidades y organizaciones, y búsqueda de alternativas de gestión por parte de los programas de gobierno dedicados al desarrollo. Hay declaraciones auspiciosas de diálogo, demandas por participación, etc... Todo ello se puede frustrar fácilmente si vencen las tendencias hacia el “conflicto abierto”, la represión, judicialización y penalización del movimiento indígena. En la sociedad no indígena del sur, empresarios agrícolas, abogados y también miembros del Poder Judicial (y no pocas veces del Ejecutivo), pueden impedir un proceso virtuoso de reconocimiento e institucionalización. Puede vencer la tendencia a destruir el movimiento, no darle espacios democráticos de acción, tratar de reponer una situación de colonialismo extemporánea en una sociedad moderna o que quiere serlo. Puede vencer también la idea de que lo único que importa son las “cosas concretas”, cuando en este caso los aspectos relacionados con “el otro”, esto es, el respeto, la no discriminación, etc., son los más importantes y concretos. Puede ganar la idea de “que no hay nada que hacer”, como se dijo más arriba. Finalmente, los miedos y amenazas pueden imponerse de tal modo que las autoridades quieran liquidar el movimiento y no abrir espacios reales de participación y diálogo respetuoso.
Una perspectiva de diálogo y participación
Son muchos los líderes indígenas con quienes hemos conversado en estos días que consideran que “la ley que regula la situación de los presos mapuches acusados de delitos terroristas” debería ser entendida como un hito simbólico y práctico de un cambio en las relaciones entre el Estado, la sociedad y los mapuches. Los indígenas, cuestión evidente, tienen el derecho a plantear todo tipo de reivindicaciones, propuestas autonómicas, gestión de recursos y otras, con plena libertad. Las autoridades tendrían la obligación de escucharlas, tomarlas seriamente en cuenta y buscar justamente niveles de entendimiento y diálogo efectivo. Tomar en consideración y en serio al interlocutor, con toda su carga de oprobios y quejas, es la condición sine qua non de este proceso. Aún no se lo logra.
Una perspectiva de esta naturaleza debería conducir a políticas públicas muy diferentes a las que hoy ocurren. Por ejemplo, a los alcaldes y municipios mapuches se los debería reforzar sabiendo que allí existe una posibilidad real de autogestión de los recursos y un principio de ruptura del “colonialismo interno”. Considerar la participación de las entidades territoriales mapuches es otro aspecto sin duda de la mayor importancia. Asumir la existencia de autoridades políticas indígenas, de liderazgos, de que existe un movimiento social y que hay que tratarlo políticamente y no juzgarlo de antemano, estigmatizarlo y victimizarlo, son algunas de las posibilidades. En una reunión reciente en Ercilla, los líderes, algunos de ellos de las corrientes más radicales, presentaron un programa muy bien elaborado. El gobernador de Malleco no asistió, diciendo que tenía otros compromisos. Si las autoridades, desde la Presidenta de la República hacia abajo asumen una perspectiva de diálogo y real participación, se pueden abrir canales institucionales de enorme valor creativo. No cabe duda de que en el sur de Chile se debate el futuro, o el conflicto abierto permanente o formas institucionales de procesar las demandas en democracia.
Muchos dejan sentir que en el conflicto mapuche no hay nada ya que hacer. Sin embargo, una mirada más profunda ve que todavía hay espacio para mejorar las relaciones de los mapuches con el Estado chileno y con la sociedad, abriendo canales institucionales que permitan el diálogo y la participación de este pueblo indígena.
Las cuestiones indígenas, así como las relativas a las relaciones entre mayorías y minorías en una sociedad tienen un tiempo largo, uno mediano y uno corto. Es el caso de la cuestión mapuche. El tiempo largo dice relación a una compleja trama histórica de conquistas, oprobios, resistencias, en las que hay multitud de interpretaciones. Son asuntos muy difíciles de resolver. Son materias de crítica histórica, de debate. Hay naciones que, como Nueva Zelandia, han procedido a pedir perdones oficiales. Quizá es parte de un modo protestante de actuar. En Chile los “gestos” no siempre van acompañados de políticas y consecuencias específicas. Esta “historia larga” será materia de debate y así ocurrirá por mucho tiempo y es bueno que así sea.
Pero hay un mediano y corto plazo en que, si bien se juntan elementos de la “Historia profunda”, hay margen de maniobra para encontrar espacios políticos y mejorar los niveles de convivencia entre el Estado, la sociedad, los habitantes no indígenas de las zonas indígenas y las comunidades. El peso de la historia debe ser acotado de modo tal de no confundir los planos y llegar a la absoluta inacción.
Criticamos cierto pensamiento que se ha instalado en los últimos años y que señala que “este es un asunto de tan larga data que no tiene solución; los chilenos deberemos convivir por largo tiempo con este conflicto”. Este pensamiento se ha difundido entre autoridades, y también entre algunos líderes indígenas. En un estudio reciente vimos que los técnicos encargados del “desarrollo rural indígena” están imbuidos de este pesimismo: “no hay nada que hacer”. No cabe duda de que la “cuestión mapuche” es un asunto complejo, pero eso no implica que no existan alternativas y posibles caminos de mejorar las condiciones de vida y las relaciones de los mapuches con la sociedad y el Estado. La primera cuestión es tomar en serio la existencia de un sector social, en este caso, el pueblo mapuche.
De la Comisión de Verdad Histórica a los juicios por terrorismo
Esta mirada relativamente escéptica conspiró por ejemplo, contra el Informe de la Comisión sobre Verdad Histórica y Nuevo Trato presidida por el ex presidente Aylwin. Fue atacado por todos los lados. La derecha dijo que era un “gasto de papeles” y los indígenas radicales se dieron un festín criticando esa Comisión. El presidente Lagos quedó sin piso para adoptar el Informe o pronunciarse sobre él. Fue lamentablemente un gran fracaso, a pesar de la calidad, mesura y visión del estudio.
La ausencia de un marco de acción regulatorio ha marcado los últimos años de relaciones entre el Estado y los mapuches. El fracaso de una mirada estratégica ha conducido a acciones puntuales y parciales y a veces contradictorias. La reforma de la Constitución y el Convenio 169 no se aprobaron en las Cámaras ya que nadie sabe muy bien qué consecuencias tendrán en la vida práctica. No están en un contexto de un plan mayor de reestablecimiento de relaciones entre el Estado y los indígenas. Algunos senadores han propuesto redacciones “curiosas” que no tienen nada que ver con los estándares internacionales y que no poseerían valor jurídico alguno.
Las movilizaciones del movimiento mapuche fueron, por tanto, asumidas por el Estado desde una perspectiva exclusivamente jurídico policial. El conflicto del sur se “judicializó” que es lo que ocurre cuando no existe un marco político para comprender y procesar este tipo de movimientos de carácter identitario profundo. Judicializar un conflicto étnico es siempre un error y tiene como consecuencias meterse en un zapato chino. Hoy día un grupo de parlamentarios trata de lograr un nuevo Proyecto de Ley para otorgar una “excepción particularísima” a los presos mapuches, con lo que se trata de mostrar que hay que volver hacia atrás la cuerda y reconocer que hubo un error en el tratamiento “terrorista” que se les dio a esos líderes a los que hoy día se beneficiará.
Junto a ello el Estado ha entregado una cantidad muy importante de recursos y dinero en el denominado Programa Orígenes. Se trata de un programa de desarrollo comunitario por la suma de 120 millones de dólares, aprobado por el BID. Va en este momento en la mitad. Ha habido cosas buenas, sobre todo en materias de salud y educación intercultural. Ha habido también enormes desastres en materia de desarrollo agroproductivo. En algunos casos es una vergüenza. Se compraron muchas vacas, miles de vacas, y la mayoría o han sido vendidas en el mejor de los casos, o se han muerto. Alguien podría pensar maliciosamente que se aplicó la política del “garrote y la zanahoria”, represión a los dirigentes y dádivas a las comunidades.
Lo que sí queda claro al observador es que los juicios por terrorismo llevaron a un punto insoportable las relaciones entre las sociedades indígenas y el Estado y la sociedad no indígena local. Por ese camino no hay salida y solamente habrá conflicto. Un conflicto que nadie quiere y que no se sabe dónde terminaría.
La institucionalización del conflicto
En los últimos años se observan dos tendencias en la “cuestión mapuche”. Por una parte la tendencia que ve en el “conflicto abierto” la única solución. Ha sido la tendencia de algunos dirigentes indígenas y también de algunos dirigentes del Estado y de la sociedad no indígena del sur. Los medios de comunicación, sin pensar en las consecuencias ni en lo que ello significa, atizaron muchas veces el fuego, creando estereotipos. Hay también una tendencia a la institucionalización. El elemento de mayor importancia lo constituyen las municipalidades dirigidas por alcaldes indígenas y cuya mayoría de “concejales” también lo es. Quizá el elemento práctico más importante que recogió el presidente Lagos del Informe Aylwin fue la creación de dos municipios indígenas: creó el de Alto Bío Bío y Cholchol. En este momento se agrega a Tirúa, Lumaco, Puerto Saavedra, Temuco, Curarrehue y otras comunas del sur. Hay una generación de jóvenes profesionales mapuches que se han posesionado y que gestionan sus propios asuntos.
Hay procesos de instalación de la cultura mapuche en áreas como salud y educación, que eran impensables hasta hace unos años. Se construye en Nueva Imperial un hospital con “las dos medicinas”: la occidental, de los médicos formados en las universidades, y la de las machis, la medicina tradicional mapuche. Lo mismo ocurre con las escuelas donde hay profesores mapuches y “sabios” indígenas que enseñan a los niños su cultura.
En los últimos meses hay muchos procesos de cambio en las ideas que circulan en el sur de Chile. Hay jóvenes líderes mapuches que quisieran construir un partido político mapuche, lo que sin duda es contribuir a la institucionalización del conflicto. El marco de la reforma del sistema binominal es una oportunidad que debería aprovecharse. Hay procesos de entrega de fondos a las propias comunidades y organizaciones, y búsqueda de alternativas de gestión por parte de los programas de gobierno dedicados al desarrollo. Hay declaraciones auspiciosas de diálogo, demandas por participación, etc... Todo ello se puede frustrar fácilmente si vencen las tendencias hacia el “conflicto abierto”, la represión, judicialización y penalización del movimiento indígena. En la sociedad no indígena del sur, empresarios agrícolas, abogados y también miembros del Poder Judicial (y no pocas veces del Ejecutivo), pueden impedir un proceso virtuoso de reconocimiento e institucionalización. Puede vencer la tendencia a destruir el movimiento, no darle espacios democráticos de acción, tratar de reponer una situación de colonialismo extemporánea en una sociedad moderna o que quiere serlo. Puede vencer también la idea de que lo único que importa son las “cosas concretas”, cuando en este caso los aspectos relacionados con “el otro”, esto es, el respeto, la no discriminación, etc., son los más importantes y concretos. Puede ganar la idea de “que no hay nada que hacer”, como se dijo más arriba. Finalmente, los miedos y amenazas pueden imponerse de tal modo que las autoridades quieran liquidar el movimiento y no abrir espacios reales de participación y diálogo respetuoso.
Una perspectiva de diálogo y participación
Son muchos los líderes indígenas con quienes hemos conversado en estos días que consideran que “la ley que regula la situación de los presos mapuches acusados de delitos terroristas” debería ser entendida como un hito simbólico y práctico de un cambio en las relaciones entre el Estado, la sociedad y los mapuches. Los indígenas, cuestión evidente, tienen el derecho a plantear todo tipo de reivindicaciones, propuestas autonómicas, gestión de recursos y otras, con plena libertad. Las autoridades tendrían la obligación de escucharlas, tomarlas seriamente en cuenta y buscar justamente niveles de entendimiento y diálogo efectivo. Tomar en consideración y en serio al interlocutor, con toda su carga de oprobios y quejas, es la condición sine qua non de este proceso. Aún no se lo logra.
Una perspectiva de esta naturaleza debería conducir a políticas públicas muy diferentes a las que hoy ocurren. Por ejemplo, a los alcaldes y municipios mapuches se los debería reforzar sabiendo que allí existe una posibilidad real de autogestión de los recursos y un principio de ruptura del “colonialismo interno”. Considerar la participación de las entidades territoriales mapuches es otro aspecto sin duda de la mayor importancia. Asumir la existencia de autoridades políticas indígenas, de liderazgos, de que existe un movimiento social y que hay que tratarlo políticamente y no juzgarlo de antemano, estigmatizarlo y victimizarlo, son algunas de las posibilidades. En una reunión reciente en Ercilla, los líderes, algunos de ellos de las corrientes más radicales, presentaron un programa muy bien elaborado. El gobernador de Malleco no asistió, diciendo que tenía otros compromisos. Si las autoridades, desde la Presidenta de la República hacia abajo asumen una perspectiva de diálogo y real participación, se pueden abrir canales institucionales de enorme valor creativo. No cabe duda de que en el sur de Chile se debate el futuro, o el conflicto abierto permanente o formas institucionales de procesar las demandas en democracia.
Monday, September 11, 2006
Claves para entender el momento económico
Preocupa el pobre desempeño de la industria y la sustancial desaceleración de la inversión.
La economía chilena creció un 4,9% el primer semestre de este año y se espera que crezca en torno a 5% para el año en su conjunto. Si bien esto es menor que el crecimiento observado en 2004 y 2005, está justo en torno a lo que se considera el crecimiento potencial en los años que corren. ¿Qué significa esto? Que estamos creciendo y produciendo lo que podemos, dadas las características propias de la economía. Como alguna vez señaló Vittorio Corbo, estamos corriendo a la velocidad crucero que permite el tipo de auto que tenemos. No obstante, el país no está conforme con estos resultados. Acá repasamos los principales factores que explican este menor crecimiento.
1. El potencial de crecimiento de la economía chilena se redujo. ¿Qué pasa que el crecimiento potencial es de sólo un 5% anual y no el mítico 7% de los "90? Aquí es donde penan los múltiples defectos que tenemos como país a nivel microeconómico e institucional. Mercados inadecuadamente regulados, incluido el laboral, falencias en el capital humano, baja innovación tecnológica, impuestos distorsionadores, burocracia estatal, dificultades para emprender, problemas de las pymes, conflictos ciudadanos, etc., conforman una larga lista de aspectos donde la economía rankea "más o menos" a nivel internacional.
2. Fuerte desaceleración de la inversión. La caída en el crecimiento de la inversión era previsible: simplemente es imposible sostener en el tiempo expansiones en torno a 30% anual como se veía el año pasado. Pero lo drástico del frenazo constituyó una alerta a tomar en cuenta. Múltiples preguntas surgieron: ¿Será por el enfriamiento de concesiones y obras públicas? ¿O porque se han atrasado algunos proyectos de inversión en virtud de cambios en percepciones y problemas en la tramitación de los permisos medioambientales? ¿O porque se anticipa una desaceleración en la economía mundial? Tal vez sea muy pronto para indicar la causa. Por mientras, el catastro de inversiones de la Corporación de Bienes de Capital revela un interesante portafolio de proyectos importantes, principalmente en el área energética, minera e inmobiliaria.
3. El pobre comportamiento del sector industrial. La producción industrial se expandió sólo en 1,9% en julio respecto a igual mes de 2005. De esa forma se esfumó la idea de que las bajas cifras de los meses anteriores se debían a situaciones puntuales. Para los expertos el desempeño pudo haber estado marcado por la caída del dólar en 2005 y por el encarecimiento de la energía y los combustibles este año, pero el aumento de precio internacional en algunos de los subsectores (celulosa y harina de pescado) augura un mejor desempeño.
4. Pesimismo entre consumidores y empresarios. Las expectativas de consumidores y empresarios son siempre volátiles. Si en la última parte del año tenemos un escenario de precios de los combustibles más bajos, menores turbulencias internacionales, un presupuesto público con un crecimiento importante pero no desbordado, un dólar relativamente estable y tasas de interés que no crecen, podría haber un mejoramiento sustancial en este ánimo ambiente.
Al revés, revueltas sociales especialmente de los gremios del sector público por más recursos, o el regreso de problemas con los estudiantes, más un estancamiento del empleo, ennegrecerían el panorama.
5. Las dudas respecto al presupuesto fiscal 2007. ¿Cómo vendrá en definitiva? ¿En qué se terminarán gastando los mayores recursos (en torno a los US$ 1.200 millones)? ¿Cómo tomará la opinión pública la mantención de la estricta disciplina fiscal que impone la actual conducción si el precio del cobre no da señales de caer?.
Son todas estas preguntas válidas las que finalmente pueden influir en el desempeño de la economía.
Indicadores que preocupan
El crecimiento de la actividad económica en el conjunto de los primeros siete meses (en torno a 4,7%) se ubica por debajo de lo que se considera el crecimiento potencial o de tendencia (algo por encima de 5% en 2006 y 2007), y con una tendencia a la baja.
El sector industrial experimentó un magro crecimiento entre abril y julio (1,7%)
La inversión experimentó una brusca desaceleración en el primer semestre de este año (6,7% de aumento anual, comparado con el 26,8% en 2006), en que resalta el casi nulo crecimiento de la inversión en maquinaria y equipos en el segundo trimestre, y las caídas en las importaciones de bienes de capital entre junio y julio.
Las medidas de confianza de empresarios y consumidores no se han recuperado significativamente en los últimos meses luego del fuerte bajón que experimentaron alrededor de abril pasado.
El alto precio del petróleo y los problemas en el suministro de gas natural nublan el panorama energético.
La forma en que las autoridades han resuelto los problemas con Argentina causa resquemores. El alza de los combustibles ha reducido la capacidad de compra de las personas.
Cifras optimistas
La inflación se mantiene controlada. En cualquiera de sus mediciones, esta variable se mantiene dentro del rango meta del Banco Central y en lo más reciente con una tendencia levemente declinante. Esto augura que la tasa de interés de política monetaria subirá muy poco más de aquí a fines de año, alentando tasas de interés de mercado que no seguirán subiendo.
La economía mundial sigue boyante. No obstante algunos signos de desaceleración de la economía de EE.UU., el precio del cobre y otros commodities exportados por Chile sigue en niveles muy elevados.
Por su parte, se mantiene moderado el precio del petróleo. Ha mostrado signos de moderación y se ha ido alejando el fantasma de un valor cercano a US$ 100 el barril.
Varios indicadores sectoriales exhiben un dinamismo razonable. Entre ellos destacan la minería, la construcción (el Imacon creció 7,7% en julio), las importaciones y ventas de bienes de consumo durables (particularmente los automóviles), y la generación eléctrica. Los cortes de gas desde Argentina debieran bajar en lo que resta del año en la medida en que mejore el clima.
La economía chilena creció un 4,9% el primer semestre de este año y se espera que crezca en torno a 5% para el año en su conjunto. Si bien esto es menor que el crecimiento observado en 2004 y 2005, está justo en torno a lo que se considera el crecimiento potencial en los años que corren. ¿Qué significa esto? Que estamos creciendo y produciendo lo que podemos, dadas las características propias de la economía. Como alguna vez señaló Vittorio Corbo, estamos corriendo a la velocidad crucero que permite el tipo de auto que tenemos. No obstante, el país no está conforme con estos resultados. Acá repasamos los principales factores que explican este menor crecimiento.
1. El potencial de crecimiento de la economía chilena se redujo. ¿Qué pasa que el crecimiento potencial es de sólo un 5% anual y no el mítico 7% de los "90? Aquí es donde penan los múltiples defectos que tenemos como país a nivel microeconómico e institucional. Mercados inadecuadamente regulados, incluido el laboral, falencias en el capital humano, baja innovación tecnológica, impuestos distorsionadores, burocracia estatal, dificultades para emprender, problemas de las pymes, conflictos ciudadanos, etc., conforman una larga lista de aspectos donde la economía rankea "más o menos" a nivel internacional.
2. Fuerte desaceleración de la inversión. La caída en el crecimiento de la inversión era previsible: simplemente es imposible sostener en el tiempo expansiones en torno a 30% anual como se veía el año pasado. Pero lo drástico del frenazo constituyó una alerta a tomar en cuenta. Múltiples preguntas surgieron: ¿Será por el enfriamiento de concesiones y obras públicas? ¿O porque se han atrasado algunos proyectos de inversión en virtud de cambios en percepciones y problemas en la tramitación de los permisos medioambientales? ¿O porque se anticipa una desaceleración en la economía mundial? Tal vez sea muy pronto para indicar la causa. Por mientras, el catastro de inversiones de la Corporación de Bienes de Capital revela un interesante portafolio de proyectos importantes, principalmente en el área energética, minera e inmobiliaria.
3. El pobre comportamiento del sector industrial. La producción industrial se expandió sólo en 1,9% en julio respecto a igual mes de 2005. De esa forma se esfumó la idea de que las bajas cifras de los meses anteriores se debían a situaciones puntuales. Para los expertos el desempeño pudo haber estado marcado por la caída del dólar en 2005 y por el encarecimiento de la energía y los combustibles este año, pero el aumento de precio internacional en algunos de los subsectores (celulosa y harina de pescado) augura un mejor desempeño.
4. Pesimismo entre consumidores y empresarios. Las expectativas de consumidores y empresarios son siempre volátiles. Si en la última parte del año tenemos un escenario de precios de los combustibles más bajos, menores turbulencias internacionales, un presupuesto público con un crecimiento importante pero no desbordado, un dólar relativamente estable y tasas de interés que no crecen, podría haber un mejoramiento sustancial en este ánimo ambiente.
Al revés, revueltas sociales especialmente de los gremios del sector público por más recursos, o el regreso de problemas con los estudiantes, más un estancamiento del empleo, ennegrecerían el panorama.
5. Las dudas respecto al presupuesto fiscal 2007. ¿Cómo vendrá en definitiva? ¿En qué se terminarán gastando los mayores recursos (en torno a los US$ 1.200 millones)? ¿Cómo tomará la opinión pública la mantención de la estricta disciplina fiscal que impone la actual conducción si el precio del cobre no da señales de caer?.
Son todas estas preguntas válidas las que finalmente pueden influir en el desempeño de la economía.
Indicadores que preocupan
El crecimiento de la actividad económica en el conjunto de los primeros siete meses (en torno a 4,7%) se ubica por debajo de lo que se considera el crecimiento potencial o de tendencia (algo por encima de 5% en 2006 y 2007), y con una tendencia a la baja.
El sector industrial experimentó un magro crecimiento entre abril y julio (1,7%)
La inversión experimentó una brusca desaceleración en el primer semestre de este año (6,7% de aumento anual, comparado con el 26,8% en 2006), en que resalta el casi nulo crecimiento de la inversión en maquinaria y equipos en el segundo trimestre, y las caídas en las importaciones de bienes de capital entre junio y julio.
Las medidas de confianza de empresarios y consumidores no se han recuperado significativamente en los últimos meses luego del fuerte bajón que experimentaron alrededor de abril pasado.
El alto precio del petróleo y los problemas en el suministro de gas natural nublan el panorama energético.
La forma en que las autoridades han resuelto los problemas con Argentina causa resquemores. El alza de los combustibles ha reducido la capacidad de compra de las personas.
Cifras optimistas
La inflación se mantiene controlada. En cualquiera de sus mediciones, esta variable se mantiene dentro del rango meta del Banco Central y en lo más reciente con una tendencia levemente declinante. Esto augura que la tasa de interés de política monetaria subirá muy poco más de aquí a fines de año, alentando tasas de interés de mercado que no seguirán subiendo.
La economía mundial sigue boyante. No obstante algunos signos de desaceleración de la economía de EE.UU., el precio del cobre y otros commodities exportados por Chile sigue en niveles muy elevados.
Por su parte, se mantiene moderado el precio del petróleo. Ha mostrado signos de moderación y se ha ido alejando el fantasma de un valor cercano a US$ 100 el barril.
Varios indicadores sectoriales exhiben un dinamismo razonable. Entre ellos destacan la minería, la construcción (el Imacon creció 7,7% en julio), las importaciones y ventas de bienes de consumo durables (particularmente los automóviles), y la generación eléctrica. Los cortes de gas desde Argentina debieran bajar en lo que resta del año en la medida en que mejore el clima.
Friday, September 01, 2006
IBARRETXE: “NINGÚN PROCESO DE PAZ SE PUEDE CONSTRUIR DESDE EL OLVIDO”
Analisis en profundidad
Ante el nuevo escenario, el Gobierno presenta su Plan de Paz y Convivencia.
La propuesta se basa en el reconocimiento a las víctimas, la justicia y los derechos humanos.
“Si quieres la paz, prepara la paz”, este es el lema del Plan de paz y Convivencia que ha aprobado el Gobierno vasco, a través de su Consejo Político, como contribución al nuevo escenario de paz y esperanza que se ha abierto en Euskadi tras el anuncio el pasado mes de marzo de alto el fuego por parte de ETA. El encargado de presentar a la sociedad vasca el plan fue el Lehendakari Ibarretxe, para quien el viejo adagio “si quieres la paz, prepara la guerra” es “una barbaridad” y está ya de sobra superado.
Una vez aprobado por el Gobierno, el Plan de Paz y Convivencia ha sido remitido a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para ser debatido, y en su caso, recibir las aportaciones del resto de los grupos políticos. Precisamente en su presentación el Lehendakari quiso dejar claro el carácter “abierto” a las aportaciones de otras instituciones que tiene esta propuesta, cuya pretensión es la de “sumar y no restar”, según declaró en su comparecencia ante los medios de comunicación. Además, el Gobierno propondrá que se evalúe anualmente el desarrollo de los diversos compromisos e iniciativas que se recogen en el extenso texto, dado que estas abarcan los próximos años e incluso van más allá de la presente legislatura.
Lograr una sociedad reconciliada
Convencido de que ningún proceso de paz se puede construir sobre el olvido, el Ejecutivo de Gasteiz ha elaborado un minucioso plan cuyo objetivo fundamental es lograr una sociedad reconciliada, construida sobre la memoria las víctimas, la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Para ello, el Plan de paz y Convivencia se inspira en cuatro principios básicos, el primero de los cuales es el respeto a la vida y los derechos humanos, dado que no hay nada que pueda situarse “ni por encima, ni por delante del derecho a la vida”.
El segundo principio es el reconocimiento a las víctimas, “sin distinciones de siglas ni opciones políticas”, con el que el Gobierno pretende saldar una deuda histórica hacia las víctimas del terrorismo, a fin de que éstas se sientan acogidas “sin instrumentalizaciones, olvidos, ni equiparaciones”.
“Queremos que sepan –señalo el Lehendakari -, que tenemos presente el dolor extremo e irreversible que han sufrido y que tenemos la determinación de que permanezcan en la memoria de nuestra sociedad”.
Por ello una de las necesidades mas urgentes y prioritarias que se marcan en este Plan es la de alcanzar el máximo consenso, a fin de que todos los partidos políticos se comprometan a trabajar conjuntamente en todas aquellas iniciativas de reconocimientos a las víctimas.
El tercer principio hace referencia a la reparación de los daños causados. Concientes, de que ningún plan puede reparar las pérdidas irreversibles que han producido el terrorismo y las vulneraciones de los derechos humanos, el Gobierno, sin embargo, considera necesario compensar todo aquello que sea reparable, no sólo priorizando los apoyos de tipo económico, material o asistencial, sino también impulsando la reparación moral de éstas personas “sea cual sea su entorno político o el origen de su agresión”. Para ello, se propone la coordinación interinstitucional desde los diferentes niveles de la administración para no dispersar esfuerzos, ni caer en duplicidades.
Finalmente, el cuarto principio convivencia y reconciliación se sustenta en la necesidad de sentar, ya mismo, las bases de actuación para orientar el futuro hacia una mejora de la convivencia social y política, donde el diálogo la tolerancia, el respeto y el acuerdo constituyan las pautar del proceder social y político, teniendo en cuenta que la sociedad vasca ha vivido sacudida por fuertes tensiones y conflictos políticos sostenidos de manera estable durante muchos años.
Cinco ejes y un camino por recorrer
Básicamente el Plan de paz y Convivencia gira sobre cinco ejes y una reflexión final sobre la importancia de la educación en valores democráticos, por lo que se propone la elaboración de un Plan Vasco de educación en la paz dirigido a la sociedad en general y al ámbito educativo en especial. Estos cinco ejes y sus principios políticos de actuación son:
La defensa y promoción de todos los derechos humanos
Manifestamos nuestro compromiso con el respeto a la vida y a los derechos humanos de todas las personas sin excepción.
Rechazamos todas las acciones y manifestaciones de violencia y de conculcación de los derechos humanos, individuales y colectivos.
Reiteramos nuestra apuesta por las vías, única y exclusivamente pacificas y democráticas
La solidaridad con las víctimas del terrorismo
Manifestamos nuestro rechazo absoluto a al violencia y al terrorismo en todas sus expresiones, tanto desde una perspectiva ética como política.
Expresamos nuestro reconocimiento total e incondicional a las víctimas del terrorismo, como exponente máximo de la injusticia cometida por el ejercicio de la violencia y el terror.
Nos comprometemos en la defensa de las reivindicaciones de memoria, justicia y reconocimiento del daño causado.
Reconocemos el papel esencial de las víctimas en cualquier proceso de paz.
La recuperación de la memoria histórica y reparación a las victimas del franquismo
Expresamos nuestro compromiso con el derecho a la verdad como garantía de justicia y de reconocimiento a las victimas del franquismo.
Reiteramos nuestra voluntad de recuperar la memoria histórica y reivindicamos el derecho a la reparación moral y económica de las victimas del franquismo.
Manifestamos la necesidad de afrontar con dignidad las heridas de la guerra civil y recordar sus horrores para que jamás vuelvan a cometerse en nombre de ninguna idea o proyecto político totalitario.
La defensa de las libertades y la recuperación de los derechos civiles y políticos.
Manifestamos nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos y los derechos humanos y las libertades civiles y políticas, de todas las personas.
Manifestamos nuestro rechazo a cualquier instrumento o método que suponga la conculcación de los derechos civiles y políticos.
La prevención de la tortura y la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas y presas.
Reiteramos nuestro compromiso irrenunciable con la prohibición absoluta de la tortura y cualquier otra forma de trato inhumano y degradante.
Propugnamos una política penitenciaria respetuosa con los derechos humanos de las personas penadas y de sus familiares.
Manifestamos nuestra disposición para propiciar iniciativas de humanización y una política de acercamiento de los presos y presas vascas a su entorno familiar y social.
Ante el nuevo escenario, el Gobierno presenta su Plan de Paz y Convivencia.
La propuesta se basa en el reconocimiento a las víctimas, la justicia y los derechos humanos.
“Si quieres la paz, prepara la paz”, este es el lema del Plan de paz y Convivencia que ha aprobado el Gobierno vasco, a través de su Consejo Político, como contribución al nuevo escenario de paz y esperanza que se ha abierto en Euskadi tras el anuncio el pasado mes de marzo de alto el fuego por parte de ETA. El encargado de presentar a la sociedad vasca el plan fue el Lehendakari Ibarretxe, para quien el viejo adagio “si quieres la paz, prepara la guerra” es “una barbaridad” y está ya de sobra superado.
Una vez aprobado por el Gobierno, el Plan de Paz y Convivencia ha sido remitido a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para ser debatido, y en su caso, recibir las aportaciones del resto de los grupos políticos. Precisamente en su presentación el Lehendakari quiso dejar claro el carácter “abierto” a las aportaciones de otras instituciones que tiene esta propuesta, cuya pretensión es la de “sumar y no restar”, según declaró en su comparecencia ante los medios de comunicación. Además, el Gobierno propondrá que se evalúe anualmente el desarrollo de los diversos compromisos e iniciativas que se recogen en el extenso texto, dado que estas abarcan los próximos años e incluso van más allá de la presente legislatura.
Lograr una sociedad reconciliada
Convencido de que ningún proceso de paz se puede construir sobre el olvido, el Ejecutivo de Gasteiz ha elaborado un minucioso plan cuyo objetivo fundamental es lograr una sociedad reconciliada, construida sobre la memoria las víctimas, la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Para ello, el Plan de paz y Convivencia se inspira en cuatro principios básicos, el primero de los cuales es el respeto a la vida y los derechos humanos, dado que no hay nada que pueda situarse “ni por encima, ni por delante del derecho a la vida”.
El segundo principio es el reconocimiento a las víctimas, “sin distinciones de siglas ni opciones políticas”, con el que el Gobierno pretende saldar una deuda histórica hacia las víctimas del terrorismo, a fin de que éstas se sientan acogidas “sin instrumentalizaciones, olvidos, ni equiparaciones”.
“Queremos que sepan –señalo el Lehendakari -, que tenemos presente el dolor extremo e irreversible que han sufrido y que tenemos la determinación de que permanezcan en la memoria de nuestra sociedad”.
Por ello una de las necesidades mas urgentes y prioritarias que se marcan en este Plan es la de alcanzar el máximo consenso, a fin de que todos los partidos políticos se comprometan a trabajar conjuntamente en todas aquellas iniciativas de reconocimientos a las víctimas.
El tercer principio hace referencia a la reparación de los daños causados. Concientes, de que ningún plan puede reparar las pérdidas irreversibles que han producido el terrorismo y las vulneraciones de los derechos humanos, el Gobierno, sin embargo, considera necesario compensar todo aquello que sea reparable, no sólo priorizando los apoyos de tipo económico, material o asistencial, sino también impulsando la reparación moral de éstas personas “sea cual sea su entorno político o el origen de su agresión”. Para ello, se propone la coordinación interinstitucional desde los diferentes niveles de la administración para no dispersar esfuerzos, ni caer en duplicidades.
Finalmente, el cuarto principio convivencia y reconciliación se sustenta en la necesidad de sentar, ya mismo, las bases de actuación para orientar el futuro hacia una mejora de la convivencia social y política, donde el diálogo la tolerancia, el respeto y el acuerdo constituyan las pautar del proceder social y político, teniendo en cuenta que la sociedad vasca ha vivido sacudida por fuertes tensiones y conflictos políticos sostenidos de manera estable durante muchos años.
Cinco ejes y un camino por recorrer
Básicamente el Plan de paz y Convivencia gira sobre cinco ejes y una reflexión final sobre la importancia de la educación en valores democráticos, por lo que se propone la elaboración de un Plan Vasco de educación en la paz dirigido a la sociedad en general y al ámbito educativo en especial. Estos cinco ejes y sus principios políticos de actuación son:
La defensa y promoción de todos los derechos humanos
Manifestamos nuestro compromiso con el respeto a la vida y a los derechos humanos de todas las personas sin excepción.
Rechazamos todas las acciones y manifestaciones de violencia y de conculcación de los derechos humanos, individuales y colectivos.
Reiteramos nuestra apuesta por las vías, única y exclusivamente pacificas y democráticas
La solidaridad con las víctimas del terrorismo
Manifestamos nuestro rechazo absoluto a al violencia y al terrorismo en todas sus expresiones, tanto desde una perspectiva ética como política.
Expresamos nuestro reconocimiento total e incondicional a las víctimas del terrorismo, como exponente máximo de la injusticia cometida por el ejercicio de la violencia y el terror.
Nos comprometemos en la defensa de las reivindicaciones de memoria, justicia y reconocimiento del daño causado.
Reconocemos el papel esencial de las víctimas en cualquier proceso de paz.
La recuperación de la memoria histórica y reparación a las victimas del franquismo
Expresamos nuestro compromiso con el derecho a la verdad como garantía de justicia y de reconocimiento a las victimas del franquismo.
Reiteramos nuestra voluntad de recuperar la memoria histórica y reivindicamos el derecho a la reparación moral y económica de las victimas del franquismo.
Manifestamos la necesidad de afrontar con dignidad las heridas de la guerra civil y recordar sus horrores para que jamás vuelvan a cometerse en nombre de ninguna idea o proyecto político totalitario.
La defensa de las libertades y la recuperación de los derechos civiles y políticos.
Manifestamos nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos y los derechos humanos y las libertades civiles y políticas, de todas las personas.
Manifestamos nuestro rechazo a cualquier instrumento o método que suponga la conculcación de los derechos civiles y políticos.
La prevención de la tortura y la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas y presas.
Reiteramos nuestro compromiso irrenunciable con la prohibición absoluta de la tortura y cualquier otra forma de trato inhumano y degradante.
Propugnamos una política penitenciaria respetuosa con los derechos humanos de las personas penadas y de sus familiares.
Manifestamos nuestra disposición para propiciar iniciativas de humanización y una política de acercamiento de los presos y presas vascas a su entorno familiar y social.
Subscribe to:
Posts (Atom)
